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último apunte de diario Socialdemocracia y referéndum francés
   
 
16/04/2005 | Carlos Taibo | Tratado constitucional de la UE - Unión Europea |
El Correo (16 de mayo de 2005)
 
Merece una glosa el sesgo con que muchos de nuestros medios están encarando el referéndum francés sobre la mal llamada Constitución de la UE. Parece como si a los ojos de casi todos Francia se viese sacudida por un seísmo que no puede por menos que levantar incomprensión y repulsa. La inquietud es en buena medida una secuela, claro, de lo que no hicimos nosotros en febrero: discutir crítica y abiertamente sobre el tratado constitucional. Lo que se impuso entonces fue un espasmo de europeísmo papanata adobado de desidia general y, a menudo, de un pragmatismo rayano en la frivolidad.
Pero volvamos a Francia y ocupémonos del relato que muchos medios han asumido en relación con lo que ocurre en el Partido Socialista. El discurso al uso se deja llevar, con desparpajo, por valoraciones que determinan un canon de perfección y una enloquecida herejía fuera del mundo. Varios son los sambenitos que se cuelgan sobre los detractores del tratado. Se nos habla, así, de la vieja guardia estatalista, incapaz de deshacerse de los dogmas marxistas, reacia a todo "aggiornamento", impregnada de mezquino oportunismo, propensa al chauvinismo más deleznable y seducida por dirigentes cuyo liviano currículo de contestación del neoliberalismo -Fabius- invita al recelo. Frente a ellos se hallaría la socialdemocracia europeísta, honesta defensora de un texto que, lleno de virtudes, aparecería dramáticamente deformado en los labios de sus detractores.
Me resisto a creer que, entre nosotros, el recurso a tan abruptas simplificaciones nada tiene que ver con lo que ocurrió en febrero. Lo diré con contundencia: doy por seguro que si el PSOE hubiese perdido las elecciones de marzo de 2004, en sus filas se habría registrado, en lo que al tratado respecta, una discusión tan agria como la que impregna a su casi homólogo francés. De hecho, en febrero fueron muchos los cuadros del PSOE que lejos de los micrófonos confesaron su descontento con un texto que bien se cuidaban de contestar, eso sí, en público, respetuosos de un disciplinado cierre de filas cuyo propósito era no enturbiar con disputas internas la cómoda posición de la que disfrutaba el Gobierno español.
Si el tratado se hace realidad, el silencio que despuntó en febrero
-pan para hoy, hambre para mañana- puede ser un flaco favor para la causa, que cabe suponer viva, de la socialdemocracia consecuente. Conviene argumentar, claro, por qué. Desde posiciones críticas con el texto se ha aseverado que los problemas de éste no residen en sus dos primeras partes sino, antes bien, en la tercera. No es exactamente así. El pecado llega de otro lado: el perfil de cada uno de esos grandes agregados es distinto cuando se consideran por separado y cuando se encaran reunidos. Y lo es porque la parte tercera determina el significado preciso de las dos anteriores, de tal suerte que principios y derechos a primera vista saludables dejan, entonces, de serlo. El lenguaje empleado en las dos partes iniciales es llamativamente distinto, por lo demás, del utilizado en la tercera. Si en aquéllas se habla de "desarrollo duradero", "pleno empleo" y "economía social de mercado", en ésta la apuesta lo es en provecho de precios estables, finanzas saneadas y "economía de mercado abierta con competencia libre". El efecto final es iluminador: mientras en el tratado la palabra "mercado" aparece 78 veces y en 27 ocasiones se postula la "libre competencia", hay que buscar con lupa, en cambio, las citadas expresiones de "pleno empleo" y "economía social de mercado", perdidas en la fanfarria retórica de la parte inicial.
Así las cosas, los derechos sociales, sin garantías y en retroceso, salen inequívocamente mal parados. Apenas sorprenderá que con estos mimbres los socialdemócratas escandinavos, y muchos de los franceses, se muestren renuentes a acatar un texto que puede servir de catapulta para una nueva ofensiva neoliberal. Por si poco fuera, nada se prevé en materia de armonización social y fiscal, y otro tanto sucede con la protección de los consumidores y la lucha contra el fraude. El tratado rehuye hablar, en suma, de servicios públicos, y postula sin más "servicios económicos de interés general", sometidos a la libre competencia, residuales y sin atención global alguna dentro de la UE. Se diga lo que se diga, la "directiva Bolkestein" encaja a la perfección en esta trama desreguladora.
Con el mercado y la libre competencia emplazados obscenamente por encima de los derechos sociales, del medio ambiente y de la calidad de los servicios, el tratado impone obstáculos onerosos en el camino -el de un Estado entregado a la intervención activa en la economía y a la defensa de los más débiles- de la socialdemocracia consecuente. Y que nadie busque acomodo en la superstición de que los hechos discurren por otro cauce: conservadores y liberales -los promotores, junto con parte de la familia socialista, del tratado- son estrictos en su credo. Durão Barroso, el presidente de la Comisión, no ha dudado en aseverar que la pelea por la competitividad obliga a dejar en segundo plano los derechos sociales y el medio ambiente. El más necio sabe, claro, que los progresos en competitividad, tan halagüeños, se han saldado para muchos en derechos en retroceso, salarios recortados, prolongadas jornadas laborales y, en suma, precariedad por doquier. Quiere uno creer que es esto, y no alguna esotérica cuestión, lo que conduce a muchos ciudadanos franceses a tomar partido contra el tratado constitucional.

 
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