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último apunte de diario ¿En vísperas de la agresión?
   
 
17/02/2003 | Carlos Taibo | Iraq - Estados Unidos |
El Periódico de Cataluña (17 de febrero de 2003)
 
Parece fuera de duda que, aun en disposición de armas de destrucción masiva, el régimen iraquí es, a principios del siglo XXI, escasamente peligroso para sus vecinos y, con tanta mayor razón, para países más lejanos. Así lo reconoció, por cierto, el más prestigioso de los analistas militares israelíes, el general en la reserva Aaron Levran: "El objetivo de Saddam y de sus acólitos estriba en emplear cualquier medio para mantenerse en el poder; pero, en lo que respecta a sus miras expansionistas, en la práctica han quedado reducidas a la nada". El escenario tiene poco que ver, pues, con aquel con el que a menudo ha sido comparado: el de 1938 con el Reino Unido y Francia plegándose a las agresivas políticas de la Alemania hitleriana.
Al respecto de lo que ahora nos ocupa, un informe de la CIA filtrado el verano de 2002 concluía que las armas de destrucción masiva en manos del régimen iraquí sólo eran peligrosas de resultas de la agresividad estadounidense. Arabia Saudí y Turquía, por su parte, parecían temer más las secuelas de un ataque norteamericano sobre Iraq que los presuntos riesgos derivados de las armas de destrucción masiva en manos del régimen de Saddam Hussein.
Éste, por lo demás, había perdido buena parte de su imagen amenazadora, algo que a la postre se traducía, del lado de países como la propia Arabia Saudí, los Emiratos u Omán, en una creciente apuesta en provecho del levantamiento de las sanciones que Iraq padecía, en contra de inspecciones severas por parte de Naciones Unidas y en franca oposición a los bombardeos practicados en las dos zonas de exclusión aérea.
El reconocimiento iraquí de Kuwait como Estado independiente y soberano, formalizado en 1994, venía a reforzar semejantes percepciones, y otro tanto cabe afirmar del relieve simbólico correspondiente a los saludos intercambiados en marzo de 2002, en el Líbano y con ocasión de una reunión de la Liga Árabe, entre el vicepresidente iraquí y el ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, de un lado, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, del otro. Es verdad que para algunos analistas conservadores estadounidenses la circunstancia general que acabamos de invocar no dejaba de ser, paradójicamente, sino el reflejo del aparente éxito de la política de contención desplegada por Washington.

II

Son varias las razones que explican el tono manifiestamente belicista que se revela en el discurso de los dirigentes estadounidenses en relación con Iraq. Si unas tienen un cariz más o menos coyuntural, otras parecen responder a procesos de mayor enjundia.
Entre las coyunturales bien pueden mencionarse cuatro. La primera de ellas remite a un deseo personal del actual presidente norteamericano: el de zanjar la operación que su padre dejó a mitad de camino en 1991. La segunda habla de la conveniencia de darle alas a una campaña internacional contra el terrorismo que a los ojos de muchos no ha arrojado los resultados apetecidos. La tercera refiere el propósito de obtener apoyos electorales como los que el Partido Republicano consiguió en noviembre de 2002. Una cuarta y última razón señala el designio de arrinconar debates delicados como los que afectan a escándalos financieros protagonizados por figuras como el vicepresidente Cheney.
Pero más allá de esos objetivos parece evidente que hay otros dos de naturaleza mucho más relevante. El primero no es otro que el anhelo de apuntalar la posición estratégica de Israel en el Oriente Próximo, eliminando al respecto un régimen, el iraquí, históricamente enfrentado al proyecto del Estado sionista; al respecto la presión de los lobbies proisraelíes en Washington parece haber sido decisiva. El otro estriba en hacerse con el control de un país geoeconómica y geopolíticamente interesante en virtud de la inmensa riqueza petrolera que atesora y de su posición de atalaya en una región del planeta muy sensible.
Agreguemos, en fin, que habida cuenta del tono de la retórica empleada, muchos analistas concluyen que el actual presidente norteamericano tiene que ir a la guerra, toda vez que, de lo contrario, perdería crédito político. A los ojos de Richard Perle, sin ir más lejos, "el hecho de que no se acabe con Saddam una vez que el presidente ha dicho lo que ha dicho provocaría una quiebra en su credibilidad con efectos negativos sobre la lucha contra el terrorismo".

III

Si hay que guiarse por una aserción relativamente común en determinados circuitos en Washington, una vez derrocado el régimen de Saddam Hussein, y tras el presumible procesamiento de sus máximos dirigentes, Estados Unidos colocaría Iraq al mando de un general norteamericano que gobernaría interinamente con el doble objetivo de garantizar la integridad del país y de evitar posibles injerencias externas (entre las que no se contarían, claro, las de EEUU). Al fin y al cabo ése fue el modelo aplicado en Japón, con MacArthur en papel protagonista, después de 1945.
La fórmula invocada tendría, por lo demás, una utilidad adicional para Washington. No se olvide que la existencia del régimen de Saddam Hussein ha venido a justificar, durante años, un notabilísimo despliegue militar estadounidense en el golfo Pérsico. En buena ley, la desaparición del régimen mencionado debería acarrear una reducción significativa en los niveles de la presencia militar norteamericana, algo que no parece estar, hoy por hoy, y conforme a los intereses geoestratégicos y geoeconómicos en juego, en la agenda de Washington. No es casual que el Congreso de EEUU haya discutido ya la conveniencia de mantener en Iraq un contingente de 40.000 soldados durante un plazo de diez años. Tampoco lo es, por cierto, que EEUU haya declarado su firme propósito de proteger, durante la guerra, los yacimientos de petróleo y los oleoductos, a buen seguro que no para garantizar el bienestar futuro del pueblo iraquí, sino, antes bien, para mejorar la cuenta de resultados de las grandes empresas del sector. Significativo resulta al respecto que en el otoño de 2002 el presidente Bush se mostrase dispuesto a repartir, entre los países decididos a colaborar en la operación militar liderada por Washington, los beneficios que --en el terreno de esa preciosa materia prima energética-- depararía un Iraq bajo control norteamericano. Y eso que ninguna información invitaba a concluir que EEUU prevé realizar esfuerzos significados en lo que respecta a la reconstrucción económica de Iraq.
Concluida la etapa de férula militar norteamericana, podrían abrirse camino dos horizontes distintos. El primero es el de un gobierno asentado en el acuerdo entre instancias y facciones dispares (restos del Baaz, miembros de las fuerzas armadas, líderes tribales sunníes, formaciones políticas kurdas y chiíes), acaso sobre la base del modelo que encabeza Hamid Karzai en Afganistán. Tal gobierno podría contar con un presidente sunní, un primer ministro kurdo y un tribunal constitucional en manos de un chií, reparto que respondería, como es fácil intuir, al propósito de frenar imaginables, y nada desdeñables, movimientos centrífugos. Muchos expertos dudan de que semejante perspectiva garantice la interesada estabilidad que Estados Unidos desea imponer, tanto más cuanto que todas las instancias y facciones invocadas exhiben, o exhibirán en su momento, una manifiesta debilidad.
El segundo de los horizontes acarrearía la consolidación en Iraq de un régimen autoritario, ahora volcado, eso sí, en provecho de los intereses de Estados Unidos y, en general, de las potencias occidentales. Al fin y al cabo, ésa parece haber sido la opción que justificó, en 1991, la instauración del embargo sobre Iraq. En la versión del corresponsal diplomático del New York Times, el siempre polémico Lawrence Friedman, se trataba de generar las condiciones que permitiesen el despliegue de un golpe militar y la transferencia del poder a una junta, presumiblemente encabezada por un sunní, tan severa como sumisa en lo que respecta a garantías ofrecidas a los intereses energéticos foráneos.
A la luz de las intuiciones que acabamos de manejar parece servida una conclusión: no hay ningún motivo para concluir que, tras una imaginable acción militar estadounidense, en Iraq va a ver la luz una sociedad libre, democrática y solidaria. Lo que el presidente Bush desea imponer es, a buen seguro, un gobierno títere, y ello por mucho que la retórica oficial identifique, del lado norteamericano, un presunto compromiso con la causa de la estabilidad, la prosperidad y el progreso en todo el Oriente Próximo. Así los hechos, tampoco hay motivo alguno para concluir que los sufrimientos del pueblo iraquí -víctima hoy de una doble opresión: la ejercida por el régimen de Saddam Hussein y la derivada de un macabro embargo internacional alentado por Estados Unidos- están llamados a terminar.

 
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