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21/04/2006 | Carlos Taibo | Montenegro - Nacionalismos |
El Correo (21 de mayo de 2006)
 
REFERENDUM BIEN VENIDO Carlos Taibo

No conviene que al lector se le escape que el referéndum de autodeterminación montenegrino configura una genuina rareza. Pese a lo que pueda parecer, en la vorágine de los acontecimientos de los últimos veinte años en la Europa central y oriental no se ha registrado ninguna consulta referendaria que, desde la legalidad vigente en el Estado correspondiente, pusiese en juego la integridad territorial de este último.
Recuérdese al respecto que en el ejemplo más próximo al caso que hoy nos ocupa, el de la Eslovaquia de 1992, la decisión de asumir el camino de la independencia no acarreó la celebración de una consulta popular. Por lo que se refiere, en suma, a un buen puñado de repúblicas soviéticas y yugoslavas que accedieron, también, a la independencia, los referendos organizados al efecto suscitaron agrias polémicas y las más de las veces fueron impugnados por su presunta o real ilegalidad.
Es verdad -digámoslo todo- que el referéndum montenegrino también tiene sus detractores. No estoy pensando ahora en quienes llevan años afirmando, contra toda razón, que el derecho de autodeterminación debe negarse en todos los casos: estas gentes olvidan que nada prohíbe que en su ordenamiento jurídico-político un Estado reconozca tal posibilidad. Tengo en mente, antes bien, a buena parte de los dirigentes de nuestra amada Unión Europea que han respondido con un mohín a la consulta montenegrina. No sólo eso: bien que se han cuidado de reclamar condiciones que en modo alguno pueden calificarse de livianas, en lo que más de uno entenderá que es un poco afortunado ejemplo de injerencia en los asuntos ajenos.
Y es que no deja de sorprender que se afirme que la UE es al cabo la
responsable principal de que el referéndum que nos ocupa se celebre y de que, en consecuencia, pueda romperse la federación que integran Serbia y Montenegro. La confusión tiene su origen en el hecho, inapelable, de que en la segunda mitad del decenio de 1990, cuando Slobodan Milosevic marcaba el rumbo de Serbia, la UE apoyó con descaro al secesionismo montenegrino, en el que apreciaba un interesantísimo instrumento para erosionar el poder del malhadado presidente serbio. Las tornas cambiaron, y abruptamente, cuando Milosevic desapareció del escenario en el otoño de 2000: al amparo de un renovado impulso estatalista, las lisonjas que el independentismo montenegrino había recibido en los años anteriores se trocaron en admoniciones que casaban mejor con el discurso característico de la Unión
-ahí está para demostrarlo el aparentemente fenecido tratado constitucional de la UE- en relación con estas cosas.
No está de más que agreguemos que los recelos que un eventual proceso de independencia de Montenegro empezaron a suscitar a partir de 2000 tenían difícil encasillamiento en lo que, pese a todo, había sido la política de la UE en relación con la desintegración de Yugoslavia. Y es que, y en virtud de una línea de conducta no siempre explícita, aquélla había acabado por aceptar la independencia de todas las repúblicas yugoslavas, acaso sobre la base de la certificación de que, conforme al ordenamiento constitucional vigente en 1991, sus naciones constituyentes veían reconocido el correspondiente derecho de autodeterminación. La única excepción a esta regla maestra la aportaba, precisamente, Montenegro, que aunque a menudo se olvide era tan república yugoslava como Eslovenia, Croacia, Bosnia, Macedonia o la propia Serbia.
Hace un buen puñado de años escuché en labios del entonces presidente del Senado español la afirmación de que sólo los regímenes totalitarios reconocen el derecho de autodeterminación. Es difícil incurrir en dislate mayor. Se me antoja arduo dar crédito, muy al contrario, a la condición democrática de un ciudadano, o de una fuerza política, que consiga permanecer ajeno a la certificación de que configura un problema real el hecho de que en una comunidad política sean numerosos, acaso mayoría, los integrantes de la misma que se sienten incómodos en el marco de la estructura estatal en la que les ha tocado vivir. Nos guste o no, y no sin garantizar antes, qué menos, los derechos de todos, la autodeterminación configura un respetabilísimo horizonte para resolver las diferencias imaginables. Envidiemos a quienes pueden ejercerla.

 
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